La corrupción política

Los jefes de los políticos somos todos los ciudadanos. Nos deben el cargo que ocupan y su sueldo. Su trabajo consiste en servirnos con la suficiente humildad con la que se trata a un superior. Tienen la responsabilidad de gestionar el dinero de cada uno de nosotros como ciudadanos, por lo tanto el diálogo debe permanecer abierto, teniendo en cuenta las peticiones y quejas cuando su gestión no es correcta.

La cualidad fundamental de un político es la transparencia, lo contrario es corrupción, que es el uso ilegal del oficio público para el beneficio personal y su tolerancia o combate evidencia la madurez política de cada país.

En España hemos llegado al extremo de cleptocracia (gobierno por ladrones) y eso acarrea una serie de perjuicios devastadores a corto y largo plazo en muchos sentidos para el país.

En España se calcula que hay unos 75.000 políticos electos. Según el artículo 11 de la ley 50/1997 de 27 de noviembre; “para ser miembro del gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme”.

Parece demasiado fácil acceder a un puesto de político, dado que no hay que tener ningún tipo de estudio ni preparación previa, ni tampoco preparar una prueba de acceso u oposición, como la mayoría, por no decir todos, los funcionarios públicos. Esto puede ser una de las causas o el efecto del estado actual de nuestro país.

Si analizamos la situación desde un punto de vista más humano, las 3 cualidades que debe poseer un buen político son la pasión por el servicio a una causa, la mesura y un arraigado sentimiento de responsabilidad. No se puede afirmar con esto que ningún político posea dichas cualidades, pero lo que está claro que en el ejercicio de su trabajo se van disipando en muchos casos, incluso llegando a desaparecer por completo al servicio de un bien personal a expensas del bien común.

En estos casos el ego exacerbado de muchos políticos llegados al poder, les juega una mala pasada, perdiéndose la suerte de conectar con los demás debido a su posicionamiento excéntrico, a una visión centrada en sí mismo que acaba perdiendo la perspectiva de las cosas y su entorno. Todo ese declive se produce posiblemente porque la persona no estaba preparada previamente para asumir tal grado de responsabilidad y el ego actúa como coraza ante el vértigo que provoca la toma de decisiones importantes.

Por mi trabajo me ha tocado relacionarme durante un tiempo con la casta política de este país y puedo decir que en las distancias cortas son fácilmente manipulables, casi como niños de 5 años debido a su ego. Sus asesores se esmeran en crear una imagen impecable de sus jefes en las campañas políticas, pero no tienen en cuenta que eso no sólo es estética, sino comportamiento adulto, del cual carecen en muchos sentidos. Caer en la trampa del ego significa darse importancia, incluso por encima de los demás, lo que imposibilita la conexión y objetivismo sobre las cosas y las personas que te rodean.

Dogmatizan sobre lo que deben hacer los demás, pero se aplican excepciones a sí mismos, como en el caso de juicios contra la corrupción política, es un claro ejemplo de lo que podemos llamar una cleptocracia. Se crean leyes que amparan un comportamiento deshonesto e ilícito para proteger hechos ya ocurridos o previstos en el ejercicio del poder. Se hacen votaciones (entre todos los partidos) y con fallos unánimes dejan clara evidencia al pueblo “ que son una piña” o “hoy por mi, mañana por ti” y en esto desaparece la barrera del partidismo, porque sabemos que antes o después el comportamiento tanto de unos como de otros no guarda distancias. Las formas más comunes de corrupción son : El tráfico de influencias, sobornos, la malversación, el caciquismo, los fraudes, la prevaricación, la extorsión y como he dicho anteriormente, la impunidad.

Un claro ejemplo de la adaptación de las leyes en beneficio propio son el asunto de las pensiones; un ciudadano español necesita tener 35 años cotizados para optar a una pensión máxima de 32.000 euros anuales, sin embargo un diputado o senador le basta con 7 años en el puesto para “auto concederse” una pensión que ronda los 74.000 euros anuales, siendo ésta compatible con sueldos en cargos públicos o privados. Otro dato a tener en cuenta de nuestra casta política es que solamente la suma en dietas de parlamentarios supera el sueldo de 12 millones de trabajadores. Esto da que pensar.